¡Una carta firmada por corruptos! Esta es la verdadera cara de los Ex gobernantes de Latinoamérica y España, que critican la reelección del Presidente Bukele

El pasado jueves el presidente de la República Nayib Bukele, compartió una publicación realizada por Juan Pappier, un investigador de la división HRW (Human Rights Watch), en la que 21 ex jefes de estado y de gobierno de Latinoamérica y España, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), firmaron una carta en la que critican fuertemente la intención del mandatario salvadoreño de reelegirse en las próximas elecciones 2024.

En el documento publicado por IDEA, se expone una serie de artículos, en los que se explica por qué una reelección en El Salvador va en contra de los preceptos constitucionales.

“Que la misma Constitución, en su artículo 154 sólo prevé un ejercicio presidencial quinquenal, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más, por lo que dispone como cláusula pétrea en su artículo 248, que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, se lee en el documento.

“Por consiguiente, de concretarse la pretensión del actual presidente de El Salvador, consideramos se estará en presencia, como lo indica expresamente en su artículo 20 la Carta Democrática Interamericana, de una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, agrega.

En ese sentido, los exmandatarios instan al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su Consejo Permanente para que hagan un análisis urgente de la cuestión y dispongan lo necesario para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador.

El pasado oscuro de los 21 integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)

Entre los exmandatarios que suscribieron la carta se encuentran: Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, quien en 2014 fue acusado de manera formal, por agredir sexualmente a una mujer, José María Aznar, acusado de malversar fondos del estado para financiar ilegalmente campañas de su partido PP, en la década de 1990 y principio de los 2000.

Nicolas Ardito Barletta, acusado de haber ganado las elecciones de 1984 fraudulentamente y un año después renuncio a su cargo por presiones de los militares y de su partido, Felipe Calderón, quien en su mandato 2006 y 2012 fue el responsable de la estrategia de seguridad “Guerra contra el narcotráfico”, que exacerbó la violencia en el país mexicano con cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, además de aceptar $20 millones para colocar a Genaro Luna al frente de la Secretaria de Seguridad Publica. poniendo al estado a disposición de los carteles de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en los Estados Unidos. Vicente Fox, acusado de haber permitido y negociado la fuga del Chapo Guzmán, a cambio de sobornos multimillonarios.

Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá acusada de otorgar en 2004 indulto al anticastrista Luis Posada Carriles, y otros tres terroristas reclamados por la justicia venezolana por un atentado contra un avión que costó la vida de 75 personas, Federico Franco, ex mandatario de Paraguay acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión de impuestos, falsificación de documentos, entre otros delitos durante el 2012-2013, César Gaviria, quien acordó con Pablo Escobar la construcción de la cárcel privada La Catedral, para el entonces líder del cártel de Medellín.

Lucio Gutiérrez, destituido como presidente de Ecuador dos años y tres meses después de llegar a su mandato por ser acusado del uso indebido de dinero público, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado, Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador acusado en el Congreso de «traición a la patria» por malversación de fondos militares, por un moto de 88 millones de dólares.

Mauricio Macri, expresidente de Argentina 2015-2019 posee más de 214 denuncias en su contra, la lista de delitos ya es extensa, solamente en su gestión presidencial sumó 144 causas judiciales, y ha sido denunciado por “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “amenazas y abandono de personas”, entre otros. Jamil Mahuad, acusado de malversar fondos públicos y de haber llevado a Ecuador en 1999 a la peor crisis financiera de su historia, que incluyó la congelación de las cuentas en todo el sistema financiero nacional.

Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de Panamá, señalado de lavado de dinero y creador de empresas que sobornaban junto con su familia a empresarios en su país, ligado al «Pandora Papers» por lavar millones de dólares en paraísos fiscales. Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano que llegó al poder por un golpe de estado y fue acusado de cometer delitos durante su mandato, además de ser sentenciado a dos años y ocho meses de prisión por difamar y calumniar a un banco controlado por el Estado.

Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica que gobernó de 1998 a 2002, fue acusado por delitos de corrupción agravada y enriquecimiento ilícito, tras recibir presuntamente dinero de la empresa Alcatel y del Gobierno de Taiwán. Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia durante 1998-2002, fue acusado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del extinto cartel de Cali, por chantajearlos para tapar casos de corrupción, además de detallar que le brindaron ayuda para la campaña presidencial de Samper.

Luis Guillermo Solís, ex presidente de Costa Rica, investigado por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley, en relación con supuestas irregularidades en inversiones del Gobierno en el extinto Bancrédito, entre los años 2016 y 2018. Juan Carlos Wasmosy, ex presidente paraguayo (1993-1998) cumplió una condena de prisión domiciliar por cuatro años, luego de ser acusado por delitos económicos ya que otorgo una ayuda ilegal para salvar de la quiebra al Banco de Desarrollo en 1996, para lo cual utilizó fondos del instituto de previsión Social por más de 6 millones de euros.