Este lunes 25 de julio es una fecha muy especial para los salvadoreños ya que entra en vigor el denominado tercer acto de justicia financiera, el cual es el pliego de reformas a la Ley contra la Usura, código civil y código de comercio, tras un estudio exhaustivo de la Comisión Financiera de la Nueva Asamblea Legislativa, y su aprobación ante el pleno el pasado 22 de febrero.
En el artículo 10 de la normativa quedó ratificado que los acreedores supervisados «bancos, sociedades de ahorro y créditos y cooperativas» y los no supervisados «casas de empeño, casas comerciales, montepíos y prestamistas» no pueden cobrar intereses sobre intereses a los clientes.
También se incorporó que la Defensoría del Consumidor podrá requerir informes y llevar a cabo inspecciones y auditorias a los acreedores no supervisados, sin la necesidad de informarles previamente de la realización del procedimiento.
Otras de las novedades del artículo 10 es que, cuando se determine administrativamente que hubo cobro de intereses sobre intereses, el deudor o cliente podrá reclamar, en el proceso civil ante el juez, que el acreedor le pague la indemnización que pudiere resultar de los perjuicios ocasionados por el cobro ilegal.
Además, el acreedor deberá devolverle al cliente el dinero extra por el cobro de intereses sobre intereses en un plazo máximo de 10 días, después de haber quedado en firme la resolución judicial.
Con estas modificaciones, se fortalece el régimen sancionatorio lo cual la Superintendencia del Sistema Financiero puede multar al sector supervisado con 300 a 1,000 salarios mínimos del mismo sector. Si la afectación es colectiva, la multa oscilará entre 500 y 1,200 salarios mínimos. En la ley aprobada en 2012 las multas máximas eran de 50 salarios mínimos para ambos sectores.
Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión Financiera, Dania González, compartió en sus cuentas oficiales los beneficios que obtienen los salvadoreños con las reformas aprobadas. “Continuamos fortaleciendo los marcos jurídicos para una verdadera justicia financiera”, señaló la parlamentaria.