Este martes se dio a conocer el fallo del caso “Saqueo Público” contra 10 exfuncionarios acusados de Lavado de Dinero y Activos, quienes junto al expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes desviaron US$351 millones de dólares de las arcas del Estado.
En las investigaciones consta que los imputados trasladaban fondos del estado hacia otras cuentas bancarias, con un mecanismo creado y utilizado desde la administración del expresidente Elías Antonio Saca.
Es por ello que la Fiscalía General de la República presentó ante el juzgado una investigación respaldada con 114 testigos, 2593 pruebas documentales, 24 pericias más el trabajo en equipo con 40 instituciones públicas y 600 empresas del sector privado.
Ante estas investigaciones presentadas por el caso de «Saqueo Publico» el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, envió a juicio a los 10 vinculados al prófugo de la justicia Mauricio Funes.
En la resolución de la audiencia preliminar el juez admitió toda la prueba presentada por la FGR por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de los bienes del estado), casos especiales de lavado y casos especiales de encubrimiento.
Con la decisión judicial los imputados deberán enfrentar vista pública en uno de los seis tribunales de sentencia de la capital donde se definirá su situación jurídica. Son más de de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, las que fueron valoradas por el juez y que serán debatidas en el juicio.
En la audiencia fue presentado un análisis contable que elaboró un experto en el cual se confirma que el prófugo Mauricio Funes en su gestión presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.49.
Algo muy interesante es que el prófugo Funes, asilado en Nicaragua, creó un complejo plan criminal para que a través de refuerzos presupuestarios se le incrementara los fondos para la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados», aumentándose en un 300% equivalente a $270,217,115.49 y que al final de su mandato se terminó apropiando de $351,035,400.49, con la ayuda de los 10 imputados enviados a juicio.
Según la acusación, todos esos fondos asignados a gastos reservados de la Presidencia de la República fueron trasladados a cuentas creadas a nombre de particulares en el Banco Hipotecario
Entre los imputados destacan la exprimera dama, Vanda Pignato, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, Pablo Gómez, excontador de Casa Presidencial y Juan Carlos Guzmán Berdugo, actual suegro de Funes.