Bancada Cyan salda deuda histórica con las 245 familias salvadoreñas estafadas por lotificadora

La Bancada Cyan ha vuelto a demostrar que su prioridad es trabajar en beneficio del pueblo salvadoreño, pues, están de su lado y, en la plenaria del día de ayer, aprobaron, con 84 votos a favor, la Ley para la Legalización de Inmuebles Adjudicados al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) en el juicio contra la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES) saldando una deuda histórica con 245 familias salvadoreñas afectadas por la estafa realizada por la lotificadora.

«El FONAVIPO fue víctima de una defraudación por parte de PROCADES, esta empresa vendió los inmuebles a las familias y nunca les entregaron las escrituras públicas. Le hicieron esta estafa a personas humildes», mencionó el diputado Caleb Navarro.

Estos inmuebles serían transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y le pagaron parcial o totalmente su valor a PROCADES. También, se busca solicitar al juez correspondiente el desembargo de los inmuebles que no fueron adjudicados.

Las familias que fueron estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios. FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron, como pago por los $5.3 millones estafados a las familias, inmuebles propiedad de la asociación PROCADES, sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto y gracias a esta Nueva Asamblea, por fin se hizo justicia luego de tantos años de espera.

«Tenemos 245 familias beneficiadas que han esperando cerca de 20 años para tener un documento que les acredita como dueños de su propiedad. Ahora, esta nueva asamblea está a favor de ustedes y legislamos por ustedes», afirma Caleb Navarro. Y por su parte, la diputada Evelyn Merlos agregó que están «dando certeza jurídica de que esos inmuebles son de ellos».

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