Este jueves, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluidas una asociación de periodistas, una ambientalista y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de derechos humanos.
Quienes más sufren son el sector salud, educación, medio ambiente y los indígenas de la Costa Caribe.
«El guillotinazo» a estas 25 personerías jurídicas de organizaciones y fundaciones fue propuesto formalmente por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, de las cuales destacan centros de pensamientos, educativos, de libertad de prensa, de defensa de los pueblos indígenas, de salud, feministas y una relacionada a las micro finanzas. Tal como la Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el ambientalista Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
Ante esto, las personas han manifestado su enorme repudio a las acciones autoritarias que Ortega ordenó. Tal es el caso de Ricardo Zambrana, un cineasta nicaragüense que no se «guardó nada» en Twitter. «¿Que clase de seres tan despreciables, podridos y #$%& pueden cerrar un programa como Operación Sonrisa, que dan operaciones gratis a tantos niños sin recursos?», dijo.
Por su parte, Luis Arturo Garcia, un ciudadano de Nicaragua, también expresó su gran rechazo catalogando estos hechos como un atentado criminal, nefasto y sin precedentes. «Con gran dolor leo como ONG que han velado durante años por el bienestar social, médico y ambiental van ser decapitadas por una bravuconada», mencionó.
Los diputados alegan que estas 25 organizaciones no presentaron ante el Ministerio de Gobernación estados financieros y no reportaron juntas directivas, «transgrediendo» las leyes. Estos argumentos han sido usados contra las oenegés cerradas bajo la cruzada del gobierno Ortega-Murillo, iniciada desde 2018 tras las protestas sociales.
Desde diciembre de 2018, el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, ha ilegalizado al menos 87 ONG nicaragüenses. Todas las oenegés cerradas han desmentido lo que dice Gobernación y, en cambio, aseguran que la institución pone demasiadas trabas para no recibirles los documentos.