El Gobierno Mexicano ha interpuesto una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas acusadas de «negligencia y fomentar el tráfico ilícito» en el país vecino para armas que son utilizadas por los cárteles de la droga. Ante esto la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sido escudo de dicha demanda.
México registró que en 10 años ha recibido de Estados Unidos 250,000 armas por vías no legales, causando perdidas humanas y hechos delictivos.
El pasado 14 de marzo, las armerías estadounidenses presentaron su respuesta a la demanda del Gobierno mexicano, el que señaló que entre el 70 % y 90 % de las armas recuperadas en las escenas del crimen en su país fueron traficadas desde Estados Unidos, lo que muestra que las compañías «fomentan el acceso de armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México».
Sin embargo, los argumentos de las autoridades mexicanas no son suficientes para las armerías al alegar que cuentan con la protección de la PLCAA que les da inmunidad, ya que, existe «falta de jurisdicción personal» y que la demanda no tiene sentido.
«La denuncia no menciona ni a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México», agregó el documento. Al menos nueve de los demandados indicaron que el Ejecutivo los está responsabilizando por los actos criminales.
Entre las empresas involucradas están: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
El estado mexicano denunció que la empresa Barrett fabrica «un rifle de francotirador de calibre 50, un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga». «Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas», agregó.
También declara que los fabricantes anualmente venden más de 340,000 armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados hacia criminales al sur de la frontera.
Por último, el Gobierno mexicano ratificó que continuará con el proceso y que se siente «optimista» al contar con el apoyo de países como Belice que se han sumado al argumento para que se tomen medidas Ebrard dijo que cuentan con el respaldo de procuradores de 13 estados de la Unión Americana, 26 fiscales de distritos de 17 estados de EE.UU., incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia.
El Gobierno ha reiterado que no es una demanda contra EE. UU., sino contra las fabricadoras y que tampoco «pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar determinadas prácticas negligentes».
CRONOLOGÍA DEL CASO
4 de agosto de 2021 El Gobierno de México presenta la demanda contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts.
22 de noviembre DE 2021 Las empresas demandadas respondieron para que la Corte desestimara las acusaciones.
12 de diciembre DE 2021 En adición a la réplica de parte del Ejecutivo mexicano, se incluyeron escritos de «Amigo de la Corte» con la intención de que analizaran el tráfico de armas a nivel mundial, su impacto en los derechos humanos, víctimas, etc. Esto permite la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio que promuevan una opinión técnica.
31 de enero de 2022 Gobierno de México presentó una réplica por escrito.
14 de marzo DE 2022 Las empresas tenían hasta el 28 de febrero para presentar una contrarréplica, pero solicitaron más tiempo para responder y se extendió al 14 de marzo.
12 de abril DE 2022 Se desarrollará la audiencia en videoconferencia con ambas partes de la demanda.